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La pornografía no consentida atenta contra los derechos humanos

Es importante que sepas que la difusión no consentida de material íntimo por medios electrónicos es una violación a tus derechos humanos, en tanto afecta de manera desproporcionada a las mujeres en todo el mundo y es considerada una forma de violencia de género.

Los derechos humanos son universales e inherentes a todos los seres humanos; todas las personas tenemos los mismos derechos, sin discriminación. En este contexto, las víctimas de pornografía no consentida ven vulnerados sus derechos a la igualdad, a la libertad y a la seguridad, a la privacidad y a la libertad de expresión, entre otros. Derechos que, por cierto, también deben ser protegidos cuando estamos en Internet.

Todo estos derechos están consagrados en los sistemas de derechos humanos y en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y en mecanismos regionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Estos marcos, además, establecen programas de acción para que los Estados garanticen el goce de esos derechos, el sector privado asuma responsabilidad en su cuidado; y las personas vean entonces protegidos y fortalecidos sus derechos.

En el Estado español, las infracciones cometidas a través de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) encuentran dos dificultades, la primera, la de que algunas conductas no tienen encaje en ninguna norma sancionadora y por lo tanto, pueden quedar impunes. La segunda, la de estar reguladas en un marco legal fragmentado. Algunas conductas ilícitas tienen encaje en la legislación civil que regula la afectación honorifica, la privacidad y la propia imagen; otras en las legislación penal o criminal, que sanciona la comisión de delitos; otra en la legislación administrativa de protección de datos. La legislación penal, a su vez, contiene delitos específicos sobre violencia de género o machista, sobre difamación, sobre acoso laboral, sobre lesiones psíquicas, sobre coacciones y sobre y discursos de incitación al odio.

Cada ámbito legal o jurisdicción tiene unas herramientas específicas, que determinaran las posibilidades de acción y el resultado que se obtenga. Algunas de estas vías legales serán compatibles y otras no, por lo tanto, antes de actuar, conviene conocer las posibilidades y los requisitos de cada una de ellas, para escoger la que sea más viable y la que se adapte a nuestras posibilidades y expectativas.

A ello hay que añadir que la capacidad de actuación de los tribunales estatales queda limitada a los delitos que se hayan cometido en el Estado español, y que no queda claro el criterio legal para determinar dónde se cometen algunos de los delitos desarrollados gracias a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), lo que puede impedir fijar la competencia de un Tribunal u otro.

Estado

Como dijimos, el acoso online y, en particular, la pornografía no consentida, son conductas que violan los derechos humanos. En el marco del derecho internacional y los instrumentos que mencionamos, los Estados tienen la obligación y el deber de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de estos derechos.

Para esto, deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos a nuestros derechos mediante políticas y leyes adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.

Sector privado

Las empresas también tienen responsabilidad con respecto a los derechos humanos.

Naciones Unidas, por ejemplo, elaboró los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (o Principios de John Ruggie) que brindan pautas de comportamiento para las empresas con respecto a los derechos humanos.

Los principios dicen que las empresas tienen deberes y responsabilidades. Entre ellos, el deber de realizar una consideración previa de todos los riesgos, impactos y posibles vulneraciones que su actividad puede implicar para los derechos humanos.

Las empresas deben implementar acciones para que esos riesgos se reduzcan, se eviten o se mitiguen. En este caso, las plataformas digitales privadas tienen una responsabilidad con las víctimas de la difusión no consentida de material íntimo por medios electrónicos.

Personas

Todas las personas tenemos todos los derechos y libertades proclamados en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos.

Los derechos humanos son indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Es decir, el avance de uno facilita el avance de los demás, y la privación de un derecho afecta el ejercicio de los otros.

La no discriminación y la igualdad son principios clave en los sistemas de derechos humanos y son centrales en los instrumentos que buscan combatir la violencia contra las mujeres y niñas como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará. Esto incluye, por ejemplo, el derecho a igual protección ante la ley.

En los delitos cometidos mediante el uso de Tecnologías de Información y Comunicación, y mas concretamente tecnologías digitales, la fugacidad de los contenidos suele ser un impedimento para que prosperen las denuncias y los posteriores procedimientos legales. Los responsables, en cuanto intuyen o tiene certeza de que han sido denunciados, hacen desaparecer las evidencias. Por ello es aconsejable ir documentado y sistematizado las evidencias de los ataques que recibamos. Aunque no denunciemos en ese momento, poder demostrar la reiteración de conductas o el simple hecho de contar con pruebas si finalmente decidimos denunciar, nos da seguridad.

Conocer las posibilidades de las plataformas de redes sociales en cuanto a como reportar la publicación no consentida de imágenes y videos íntimos es muy útil (ver sección 1 de esta pagina web). Otro aspecto interesante es conocer los aplicativos que analizan los datos publicados en plataformas de redes sociales, como los flujos de retuits, la localización del tweet original que ha desencadenado las siguientes divulgaciones, etcétera. Estas herramientas de análisis (por ejemplo Followerwonk, Tweetdeck) pueden ayudar a probar la gravedad de la afectación de la divulgación de contenidos, a justificar ordenes de retirada de contenidos, u ofrecer elementos objetivos para calcular las indemnizaciones económicas por los perjuicios sufridos.

Hay que distinguir entre documentar los ataques, que supone sistematizar los mismos a efecto de registro o de contabilización, de lo que es la preservación de evidencias que sea apta para ser considerada prueba en un procedo judicial. La aptitud de las evidencias digitales para servir como prueba van evolucionando a medida que los precedentes legales van acuñando los requisitos de validez probatoria. Un primer requisito es que no hayan sido obtenidas ilegalmente, por lo tanto un archivo, obtenido violentando el ordenador de una persona, no servirá como prueba. Otro requisito es que sea una prueba no manipulada, completa y veraz.

Cada prueba digital tiene su forma de ser preservada y hay que optar por la forma que preserve más su contenido original y que aporte los máximos datos. Por ejemplo, respecto de un tweet, puede acudirse a un acta notarial o al cotejo por parte de la persona letrada de la Administración de Justicia, o la persona fedatario/a del Juzgado, pero ello aportará prueba tan sólo de los datos que puedan examinase a simple vista. En cambio, un certificado digital aportara prueba sobre el contenido que pueda apreciarse a simple vista, pero también sobre los metadatos y la URL. Este sistema de preservación de evidencias por lo tanto, aportará mucha mas información y de más calidad.

En casos de alta dificultad tecnológicas como los daños a equipos informativos o la sustracción de archivos, será necesario un metido mas elaborado de preservación de evidencias, teniéndose que elaborar los informes técnicos o periciales, que pueden ser elaborados por los cuerpos policiales o por peritos informáticos especialistas en forensia informática. En caso de contratar profesionales del sector privado, es importante que tengan conocimientos técnicos así como que sepan elaborar un informe que sea comprensible para el órgano judicial. Hay que tener en cuenta que en el sistema legal español, rige el principio de libre valoración de la prueba, que incluye la libre valoración de los informes periciales. Si estos no se desarrollan sus conclusiones de una manera pedagógica y rigurosa, tendrán una escasa aportación al proceso legal, efecto indeseado teniendo en cuenta los elevados importes que cuestan las mismas.

La responsabilidad de preservar las evidencias tecnológicas no debería recaer sobre las personas agraviadas, puesto que hay algunas previsiones legales que obligan a la autoridad a hacerse cargo de ello. Por ejemplo, la Ley de Enlucimiento Criminal (Artículo 13), prevé que como primeras diligencias urgentes, el Juez que reciba la noticia del hecho delictivo, deberá consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer. Por ello, cuando se prevea que haya datos que puedan desaparecer, deberá pedirse en la denuncia que se articulen estas primeras diligencias por parte del Juzgado.

Finalmente, hay que mencionar que cuando no se pueda acceder a datos contenido en equipos informáticos de otras personas, si estamos personadas en el proceso judicial, la representación legal que ejerza la acusación capitulario en nuestro nombre, podrá pedir al Juzgado que intervenga los mismos.