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Qué casos cubre la ley chilena | Qué casos no cubre adecuadamente la ley chilena | Recursos adicionales

“Reclining Nude” by Gustav Klimt (Austrian, Baumgarten 1862–1918 Vienna) via The Metropolitan Museum of Art is licensed under CC0 1.0

Qué casos cubre la ley chilena

  • Filmación, fotografía y/o difusión de fotos y videos sexuales.

El registro o publicación de fotos o videos sexuales, cuando no hay consentimiento de alguna de las personas involucradas, puede ser delito. El artículo 161-A del Código Penal condena la fotografía o filmación no autorizada de “imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público”. También se sanciona la difusión de imágenes y filmaciones antes señalados. No obstante, la difusión de imágenes obtenidas con el consentimiento de la víctima puede quedar fuera de la cobertura de este tipo penal. La condena va de 61 días a 5 años, además de multas.

  • Obtención y/ difusión indebida de imágenes o filmaciones sexuales contenidas en  un sistema informático (hackeo de dispositivos o cuentas de usuario).

La ley de delitos informáticos sanciona en su artículo 2 la interceptación, interferencia o acceso no autorizado respecto de un sistema informático, y en su artículo 4 la revelación o difusión maliciosa de datos contenidos en un sistema informático. Las penas también van entre 61 días y 5 años.

  • Amenazas y/o chantajes en torno a la obtención o difusión de imágenes o videos sexuales.

Cuando estamos frente a imágenes o filmaciones obtenidas sin consentimiento, como vimos en (a), el artículo 161-B castiga con penas entre 3 y 5 años a quien que pretende obtener dinero, bienes o la realización de conductas no obligatorias, por los hechos del artículo 161-A (filmación, fotografía y/o difusión de fotos y videos sexuales).

Además, el Código Penal en los artículos 296 y 297, sancionan las amenazas de causar un mal, siempre que la amenaza sea creíble, lo que ciertamente cubre las amenazas de publicar fotos o videos sexuales, además de otras amenazas que pueden ser efectuadas a través de Internet. Estos artículos consideran penas mayores cuando se exige dinero o conductas determinadas, y cuando el resultado de la amenaza es un delito (lo que ocurre en la gran mayoría de los casos).

  • Cuando existen menores de edad involucrados

Las leyes criminales chilenas tratan de manera diferenciada estas conductas cuando las víctimas son menores de edad, considerándolas delitos sexuales. Además, existen penas especiales en algunos de estos casos, consistentes en inhabilidades para trabajar con menores de edad. En suma, cuando existen menores de edad, la ley es mucho más severa y el riesgo de enfrentar a la justicia es mucho más alto.

Algunas figuras relevantes son:

– Determinar a una persona menor de 14 años a “enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor”, con significación sexual, incluyendo cualquier medio electrónico. El artículo 366 quáter del Código Penal castiga esto con penas de entre 3 y 5 años de cárcel además de inhabilitación para trabajar con menores (art. 372 del Código Penal), y en ciertas circunstancias (fuerza, intimidación, abuso de dependencia o desamparo, engaño) también abarca a víctimas entre 14 y 18 años.

– Participar en la producción material pornográfico con menores de 18 años, incluyendo “toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales”, con lo que se incluye expresamente la filmación de relaciones sexuales. El artículo 366 quinquies del Código Penal castiga esta conducta penas entre 3 y 5 años de cárcel además de inhabilitación para trabajar con menores (art. 372 del Código Penal)

(Cabe señalar que existe una excepción a las dos figuras recién analizadas, contenida en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En términos generales, el artículo 4 de dicha Ley impide proceder penalmente cuando la diferencia de edad con la víctima es menor a 2 o 3 años)

– Distribuir, difundir, exhibir o almacenar material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. El artículo 374 bis del Código Penal castiga estas conductas con penas que van entre 61 días y 5 años.

En conclusión, conductas relativas a imágenes sexuales de menores consistentes en solicitar (pedir fotos o videos), capturar (grabar imágenes) , distribuir (enviar por cualquier medio a otra persona), exhibir (mostrar a otra persona las imágenes) o incluso almacenar estas imágenes puede ser constitutiva de delito, por lo que en casos donde hay menores de edad involucrados, incluso mediando su consentimiento, el riesgo de enfrentar a la justicia es bastante alto.

  • Otros delitos

Otras figuras legales relevantes para estos casos pueden ser:

– El delito de injurias (artículos 416 a 418 del Código Penal), siendo toda “expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona”.

– La falta de ofensas al pudor (artículo 495 Nº5 del Código Penal), que castiga con una UTM al que “públicamente ofendiere el pudor con acciones o dichos deshonestos”.

– El delito de maltrato habitual (artículo 5 Ley de Violencia Intrafamiliar): sanciona el ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto dentro del grupo familiar.

  • Figuras no criminales

Las leyes no sólo crean delitos, sino también entregan otras herramientas para enfrentar estas situaciones:

– La Constitución contempla un mecanismo para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, denominado popularmente “recurso de protección”. Este recurso puede usarse para pedir a la Corte que dejen de afectarse los derechos fundamentales de una persona (por ejemplo: su libertad de expresión o protección de la vida privada).

– El Código del Trabajo contempla causales de despido para quienes cometan actos de acoso sexual, y entrega herramientas a las víctimas para renunciar obteniendo indemnizaciones adicionales por esta causal. Además, puede dar pie a una acción de tutela laboral, que corresponden cuando se vulneran los derechos fundamentales del trabajador.

– La Ley de Violencia intrafamiliar tipifica esta conducta en su artículo 5 como “todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él” (además de otros parientes). Ante estas conductas, la ley permite denunciar y sancionar a los autores con la obligación de abandonar el hogar, prohibición de acercarse a la víctima, entre otras.

– La Ley de Propiedad Intelectual ofrece también vías para obtener el retiro de contenidos desde Internet o eventuales indemnizaciones económicas (artículo 85 y siguientes), principalmente cuando el material fue registrado directamente por la víctima o alguien distinto a quien efectúa la difusión no consentida de imágenes sexuales. En casos excepcionales (cuando existen fines de lucro), pueden configurarse también delitos contra la propiedad intelectual (artículo 79 y siguientes).

– El Código Civil señala en su artículo 2314 una obligación general de indemnizar a las víctimas de daños, y existe jurisprudencia aplicando la ley en relación con la difusión de imágenes sexuales sin autorización.

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Qué casos no cubre adecuadamente la ley chilena

La ley chilena en la actualidad no cubre suficientemente situaciones de acoso o insultos sostenidos (stalking/harassment), ni la publicación de datos personales (doxing).

Como también señalamos, el artículo 161 A no cubre expresamente la difusión de imágenes o videos obtenidos con el consentimiento de la víctima.

No obstante, es posible que algunas de estas conductas constituyan violencia intrafamiliar, o produzcan daños a las víctimas que permitan la presentación de una demanda civil.

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Recursos adicionales

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